¿Cuánto dinero recauda el Estado con el tabaco?

Cada vez que se vende una cajetilla de cigarrillos, gran parte del precio va directamente a las arcas del Estado. Cuando una cajetilla de Marlboro pasó de unos 3,20 € en 2000 a más de 13 € en 2026 en Francia, no fue el fabricante quien se quedó con la mayor parte de la subida: fue la fiscalidad. Pero ¿cuánto recauda realmente el tabaco y justifica eso la dependencia de los presupuestos públicos?

Los ingresos fiscales del tabaco: impuesto especial e IVA

El precio de una cajetilla se apoya en dos grandes gravámenes. Primero, el impuesto especial, un tributo específico sobre el tabaco, calculado por cajetilla y según el precio. Después, el IVA, aplicado como a cualquier otro producto. Sumados, estos impuestos representan a menudo el 70 a 80 % del precio de una cajetilla en los países europeos con fiscalidad alta.

Dicho de otro modo, en una cajetilla vendida a 13 €, el comerciante y el fabricante solo conservan una fracción del importe. El resto constituye un ingreso público regular y previsible, lo que lo convierte en una herramienta presupuestaria apreciada por los ministerios de Hacienda.

Varios miles de millones de euros al año

A escala de un gran país, estos gravámenes se cifran en miles de millones de euros cada año. El consumo masivo, aunque en retroceso, combinado con un precio elevado, genera un flujo considerable. Las diferencias entre países son importantes:

• El Reino Unido es uno de los mercados más caros, con una cajetilla en torno a 17 €.
• Francia supera ya los 13 € por cajetilla.
• En el extremo opuesto, algunos países siguen siendo muy baratos, alrededor de 3 € (Túnez, Andorra).
• Cuanto más alto es el precio, mayor es la parte fiscal y, por tanto, la recaudación por cajetilla.

Estas magnitudes explican por qué el tabaco figura entre las fuentes de ingresos indirectos más vigiladas por los Estados.

La paradoja: ingresos frente al coste sanitario

El tabaco recauda mucho, pero también cuesta muy caro a la colectividad. Enfermedades cardiovasculares, cánceres, enfermedades respiratorias: la atención médica, las bajas laborales y la pérdida de productividad representan una factura social considerable.

Numerosos análisis estiman que el coste social del tabaquismo supera con creces los ingresos fiscales que genera. El impuesto no es, por tanto, un simple ingreso: también busca disuadir el consumo y compensar parte de los daños. Presentar el tabaco como un 'buen negocio' para las finanzas públicas sería engañoso.

¿A dónde va realmente ese dinero?

En la mayoría de los países, los impuestos sobre el tabaco alimentan el presupuesto general del Estado. No se reservan automáticamente para un uso concreto: financian el gasto público igual que cualquier otro impuesto.

Algunos países optan, sin embargo, por destinar una parte de estos ingresos a la sanidad: financiación de la sanidad pública, programas de prevención o ayudas para dejar de fumar. Esta asignación es variable y a menudo parcial, lo que alimenta el debate sobre el uso real del 'maná del tabaco'.

Menos fumadores, pero precios más altos

El consumo de tabaco disminuye en la mayoría de los países desarrollados. Cabría pensar que los ingresos se hunden: no siempre es así. La subida regular de los precios y de los impuestos compensa en parte la caída del número de cajetillas vendidas.

Pero este equilibrio es frágil y temporal. A largo plazo, si el número de fumadores sigue cayendo y si el comercio paralelo se desarrolla con precios muy bajos en los países vecinos, los ingresos acabarán por retroceder. Los Estados deben, por tanto, anticipar una erosión progresiva de este recurso.

La dependencia presupuestaria: un dilema

Esa es toda la paradoja: un Estado cuya política de salud pública pretende hacer desaparecer el tabaquismo depende, por otra parte, de los ingresos que este genera. Reducir el consumo equivale, a la larga, a secar su propio recurso.

A nivel europeo, la revisión de la directiva sobre la fiscalidad del tabaco, a veces llamada 'TPD3', se espera hacia 2028-2030. Podría armonizar aún más los impuestos e incluir los nuevos productos (vapeo, bolsitas de nicotina). Para los Estados, el reto será conciliar el objetivo sanitario con la estabilidad de los ingresos.